Resumen
Ecuador es una de las primeras naciones que ha incorporado en su texto constitucional el concepto de soberanía alimentaria. En su Carta Magna de 2008, el artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación, y el artículo 282 requiere que el Estado prohíba el acaparamiento o la privatización del agua. En este contexto, la gestión y la regulación de los recursos hídricos han generado divergencias entre las autoridades centrales y las comunidades rurales. La aprobación de la Ley de Aguas de 2014 ha avivado estas discrepancias. A través del análisis del proyecto comunitario de Mariano Acosta en la provincia de Imbabura, este artículo cuestiona si los proyectos y las normas de riego promovidas por las agencias gubernamentales pueden ser compatibles con las posibilidades de las comunidades campesinas para alcanzar la “soberanía alimentaria”. Los
resultados muestran que cada uno de los actores implicados parece perseguir agendas distintas.
Palabras clave
riego comunitario; soberanía alimentaria; reparto del agua.
